SHEINBAUM SE QUEDA SIN GENERAL; DETIENEN EN EU A MERIDA SANCHEZ Y SE DEBILITA BLINDAJE A ROCHA MOYA

Con la detención en EU del general en retiro Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el gobierno federal pierde una pieza clave en su defensa al gobernador con licencia Rocha Moya, a quien la FGR no lo ha llamado a declarar, ni si quiera por el homicidio del exrector Melesio Cuén.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Desde el momento en que Estados Unidos dio a conocer que busca enjuiciar por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (hoy con licencia), el discurso ha sido uno: la defensa férrea de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena a uno de los suyos. 

Pero esa estrategia sufrió ya su primer golpe: ayer viernes se reveló que Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad en Sinaloa fue detenido en Estados Unidos. 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido en la opacidad las investigaciones que realiza sobre el caso y las otras carpetas en las que el morenista está implicado. 

Hasta ahora, la única acción del gobierno federal contra Rocha Moya (hay nueve acusados más, entre ellos el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil) es el bloqueo de sus cuentas bancarias, solicitado por la FGR, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas de los hijos del gobernador con licencia.

Desde que públicamente el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio a conocer la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra los funcionarios sinaloenses, la presidenta Sheinbaum ha sido insistente en que no tomará acciones hasta que “envíen pruebas contundentes”. 

La mandataria tildó el tema con Estados Unidos como una cuestión de “defensa a la soberanía nacional” sugiriendo que el gobierno de Donald Trump lo utiliza con fines electorales. Además, reprochó que esta confrontación ocurre en medio del contexto del desacuerdo que mostró su administración por la injerencia de los agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua. 

“Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo del Departamento de Justicia (de EU) es político”, expresó en la conferencia mañanera del 30 de abril. 

Sheinbaum dedicó una conferencia a la explicación de la diferencia entre la extradición y la solicitud de detención provisional; en aquella ocasión la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que no hay necesidad de urgencia y tampoco hay pruebas, ni siquiera para esa urgencia. 

Desde entonces, todos los días la mandataria federal ha afirmado que no consideran que la información enviada por Estados Unidos constituye una prueba, y ha referido, en al menos dos ocasiones, que sólo les enviaron una hoja de papel con “dichos”.

“Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba. ‘Juanito, 30 mil pesos’. Digo, al menos es de llamar la atención, es una hoja de papel. ‘R1’, ‘Tornado’, pero vean el papel, un papel”, dijo en aquella conferencia. 

El martes 12 de mayo la presidenta Sheinbaum, además de mantener su defensa sobre el gobernador de Sinaloa, descartó que por ese tema exista una fricción con el gobierno de Trump. “Entonces, hay que poner todo en su justo término. Claro que cuando ocurre una situación, como la solicitud de detención, evidentemente trabajamos y damos nuestra posición. Pero de ahí a decir “que hay una crisis con el gobierno de Estados Unidos” o “grandes tensiones”, no lo vemos así.

También la mandataria explicó que al gobernador de Sinaloa se le puso un servicio de custodia porque “se protege la vida (de Rocha Moya) como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo”.

Incluso, afirmó que esa protección se le dio porque así lo pidió el sinaloense. “Él solicitó protección y se le da, igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo”. 

Lo anterior, pese a que días antes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había aclarado que no fue el gobernador quien solicitó la custodia, sino que fue una recomendación que le dio el Gabinete de Seguridad.

Entre las declaraciones que ha ofrecido la mandataria federal está la del 7 de mayo: “La Fiscalía (en México) abre su propia investigación porque es obligación de la Fiscalía”. Sin embargo, todavía el miércoles 13 de mayo indicó que no tiene conocimiento de ninguna investigación contra Rubén Rocha Moya en todo su gobierno, pese a que dijo que se debía abrir a partir de los señalamientos estadunidenses. 

Respecto de las denuncias presentadas por los partidos de oposición durante el proceso electoral 2021, en la que acusaron violencia del Cártel de Sinaloa para facilitar el triunfo de Rocha Moya, la presidenta consideró:

“No hubo un partido político que presentara suficientes pruebas como para que se anulara la elección (…) Un partido político podría haber presentado una queja ante el Tribunal Electoral Federal, no se presentó (…) No hubo ninguna prueba que se presentara, que evaluara el Tribunal Electoral, que garantizara que había habido o que sustentara que había habido algún problema. Entonces, la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba”.

El guion de la defensa

La mandataria tampoco consideró como prueba contra Rocha Moya las revelaciones que hizo Ismael el Mayo Zambada, quien fue secuestrado el 25 de julio de 2024 y llevado a Estados Unidos, en el sentido de que él padeció una traición al interior del Cártel de Sinaloa, y que en la reunión en el que fue atrapado también fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén. 

Los señalamientos del Mayo contradijeron en su momento la versión oficial que el gobernador Rocha Moya dio sobre el homicidio de Melesio Cuén. Semanas después la propia FGR confirmó los dichos del capo: el exrector no fue asesinado en una gasolinería, como lo hizo ver Rocha Moya, sino en el rancho donde fue capturado el líder del Cártel de Sinaloa.  

La jefa del Ejecutivo Federal tampoco consideró las declaraciones que hizo el propio Rocha Moya cuando era candidato al gobierno estatal en torno de que había que encontrar la forma de coordinarse con el crimen organizado. 

Es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto. Una cosa es una entrevista donde él da una opinión y otra cosa, en todo caso, son los hechos posteriores que los tiene que investigar si alguien presentó una denuncia o frente a lo que tuviera la Fiscalía de la investigación entonces pues dar sus conclusiones.

A esa narrativa oficial se sumó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien pidió, antes de hablar de Rocha Moya, del caso de los agentes de la CIA infiltrados en operativos antinarco en Chihuahua.

“Tenemos claro que esto que hizo la gobernadora sucedió primero, y después vino lo de Rocha (…) Es cronológico, no es solamente que lo diga yo, así fue como sucedió”.

Incluso dijo que “necesitamos que se establezcan las pruebas para que tengamos una opinión, y, obviamente, la Fiscalía General es la que va a investigar (a Rocha). En el caso de la gobernadora del estado, pues a todas luces la ley establece que es el gobierno federal el que debe gestionar, en su caso, la solicitud de apoyo o colaboración con un país extranjero, el que sea. Y a todas luces la gobernadora lo hizo faltando a la ley local y nacional”.

También están las voces del gobierno de Sonora. “Por el bien de todos, más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia, porque puede afectar a cualquiera; y del carácter imprescindible de presentar pruebas para sustentar una denuncia”, expresó el gobernador tras salir de una reunión que la presidenta Sheinbaum tuvo con 23 gobernadores de Morena. 

El juego de la FGR

A dos semanas de que Estados Unidos dio a conocer que busca enjuiciar al gobernador morenista de Sinaloa, al senador y a otros funcionarios estatales (activos y retirados) por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente con Los Chapitos, la primera reacción del gobierno mexicano ocurrió mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que el 29 de abril último dio a conocer que un día antes recibió la solicitud de orden de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya, el senador Inzunza y otros siete personajes, pero que la misma no venía acompañada de pruebas.

Ese mismo día, la FGR, vía el titular de la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara, advirtió que, aunque apenas estaba en análisis la solicitud del gobierno estadunidense, ninguna extradición sería concedida sin pruebas suficientes; y cuestionó a las autoridades de EU por no mantener la confidencialidad del caso al dar a conocer públicamente la acusación.

Asimismo el fiscal anunció que la FGR iniciaría una investigación sobre el caso.

Lo anterior, pese a que el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos indica que la solicitud de detención provisional con fines de extradición únicamente debe llevar la manifestación del delito por el que se va a solicitar formalmente la entrega de la persona, es decir, no requiere ni la expresión de los hechos y, mucho menos, las pruebas.

El 1 de mayo último la FGR dio a conocer que, antes de tomar una decisión sobre la solicitud de detención, requerirá a Estados Unidos que complemente la misma con las pruebas que tiene contra el gobernador con licencia y los otros implicados.

“Por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación y de acuerdo al paradigma del estado constitucional y democrático de derecho”, aseguró en conferencia de prensa el fiscal Especializado de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez.

El 12 de mayo Proceso informó que, de acuerdo con fuentes de la FGR, el gobernador con licencia no había sido llamado a declarar ni por la acusación de Estados Unidos ni por otros señalamientos que pesan en su contra desde hace dos años relacionados con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada y el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurridos el 25 de julio de 2024 durante una reunión en la que supuestamente estaría presente Rocha Moya.

Aunque al día siguiente la FGR precisó que la investigación sobre el homicidio de Cuén Ojeda no está cerrada, y que ésta no tiene relación con la otra indagatoria por los hechos denunciados por EU, tampoco informó por qué Rocha Moya no ha sido citado a declarar, ni siquiera como testigo en este caso.

Mientras el caso se desarrolla tanto en México como en Estados Unidos, el titular de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, aseguró que las acusaciones contra el gobernador con licencia son “solo el comienzo de lo que viene para México”.