DECRETO DE REGULARIZACION DE ‘CHUECOS’ YA CUMPLIO SU FUNCION…

El decreto de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera ya cumplió su función social y si no se actualiza podría reabrir espacios de corrupción y contrabando en la frontera norte, advirtió el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

“El decreto permitió que miles de familias fronterizas pusieran en regla sus vehículos, pero hoy se ha convertido en terreno fértil para los factureros y coyotes”, señaló en entrevista con El Diario , en el marco del Encuentro Legislativo México-California: Comercio Transfronterizo.

Loera denunció que hay empresas factureras, incluso en Estados Unidos, autorizadas por el SAT, que venden facturas para tramitar pedimentos de importación, lo que genera ganancias concentradas y deja fuera a los ciudadanos.

El legislador por Chihuahua sostuvo que las reglas de importación no pueden seguir siendo las mismas desde el sexenio de Felipe Calderón, ya que “son costosas, discrecionales y fomentan irregularidades”.“Mientras regularizar un auto siga costando más que comprarlo, habrá corrupción. Lo que se necesita es una reforma a fondo: procesos más sencillos, tarifas justas y sin subir impuestos”, afirmó.

Por su parte, la senadora Yeidckol Polevnsky reconoció que los llamados autos chocolate “son una realidad en la frontera norte” y que lo responsable es regularizarlos, no ignorarlos, siempre delimitando su circulación a la zona fronteriza.“La frontera es muy diferente al resto del país. Si no se regulariza, no se sabe cuántos vehículos existen ni quién los usa, y eso abre la puerta a malos usos. Pero deben quedarse en la frontera”, sostuvo.

Polevnsky advirtió que también es necesario considerar el impacto ambiental y apoyar la transición hacia autos eléctricos, pues muchos de los vehículos irregulares son antiguos y altamente contaminantes.

“México tiene una industria automotriz que debe seguir produciendo, pero orientada hacia tecnologías limpias. Lo mejor es acompañar este proceso con reglas claras y visión ecológica”, subrayó.Ambos senadores coincidieron en que el programa de regularización fue necesario y justo, pero que mantenerlo sin ajustes lo vuelve vulnerable a la corrupción y contradice los objetivos de desarrollo fronterizo y sostenibilidad ambiental.