La justicia para las familias del Crematorio Plenitud sigue llegando a cuentagotas. La Fiscalía de Chihuahua busca una ficha roja de Interpol contra José Luis A.C., propietario del establecimiento donde, en junio de 2025, fueron encontrados cientos de cadáveres que debieron haber sido cremados.
Hasta ahora, la notificación internacional no ha sido confirmada.
Imaginemos a alguien que perdió a su madre, a su padre o a un hijo. Pagó un servicio funerario, recibió una urna y creyó haber despedido dignamente a su ser querido. Meses después descubre que aquel cuerpo permanecía abandonado entre decenas de cadáveres. ¿Cómo se procesa semejante engaño? ¿Cómo vuelve una familia a vivir su duelo?
La dimensión de lo ocurrido rebasa cualquier explicación administrativa. Durante meses, las familias confiaron en que sus muertos habían recibido el destino acordado. Esa confianza fue traicionada y el dolor de la pérdida terminó acompañado por una incertidumbre difícil de soportar.
La justicia será parcial mientras las investigaciones se limiten a unos cuantos responsables. Debe esclarecerse la participación de las funerarias que canalizaban los servicios y de los funcionarios encargados de supervisar el establecimiento.
También habrá que determinar quién incumplió sus obligaciones, quién dejó de inspeccionar y quién pudo conocer las irregularidades y decidió mirar hacia otro lado.
Ciudad Juárez merece una investigación exhaustiva y castigos ejemplares para todos los responsables que sean acreditados. Las familias necesitan conocer la verdad completa. Sus muertos merecían respeto y ellas tienen derecho a una justicia que todavía está pendiente.
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