AMLO PROMETIO NO MENTIR; DESPUES ESCRIBIO ESTE LIBRO

Su catecismo de seis años tenía tres partes: no mentir, no robar, no traicionar. El capítulo final de Pueblo enumera 150 logros y afirma que el único robo al erario de su sexenio fue de 2,019 millones. Solo el huachicol que operó por sus aduanas se llevó 118 veces más.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Lo que dice Pueblo y lo que dicen las cifras

Durante seis años repitió un juramento de tres partes, como un catecismo: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Lo dijo en campaña, lo dijo en el Zócalo, lo dijo cada mañana en Palacio Nacional. Era más que un eslogan: era la vara con la que pedía ser medido.

Vamos a medirlo con ella.

El capítulo final de Pueblo —su nuevo libro, publicado por Planeta a dos años de dejar el poder— contiene un inventario de 150 logros de su gobierno. Y el capítulo se llama, textualmente, Los otros datos. No es una burla de sus críticos: es el título que él eligió. Ahí está la fórmula con la que durante seis años desactivó cualquier cifra incómoda, ahora convertida en encabezado de imprenta.

Él mismo fija la regla del juego: aquí sólo pongo las cosas buenas, porque las malas se las dejo a mis críticos. Cualquier periodista debería aceptar el encargo. Un libro que numera es un libro que se puede verificar.

Varios de esos puntos aguantan cualquier revisión. La pobreza bajó de 41.9% a 29.6% y salieron de ella 13.4 millones de personas. El salario mínimo aumentó 110% en términos reales, que es probablemente el logro social más sólido de su sexenio y uno de los mayores de la historia reciente del país. El peso no se devaluó.

Y luego hay otros que no son logros discutibles ni cifras alegres: son afirmaciones sobre hechos que los hechos contradicen. No son interpretaciones. No son matices. Son frases que no se sostienen al cruzarlas con el INEGI, con los tribunales o con los informes que se publicaron mientras el libro estaba en prensa.

De las tres cosas que prometió no hacer, hay una que el propio libro consuma.

Escribe que el único robo al erario de todo su sexenio fue el de Liconsa y Diconsa, con un quebranto de 2,019 millones de pesos.

El único.

Mientras esa frase se imprimía, dos mandos de la Armada mexicana ingresaban al penal del Altiplano por la red de contrabando de combustible que operó durante su gobierno por las aduanas marítimas. El contralmirante Fernando Farías Laguna, vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, y su hermano vicealmirante. Los dos, sobrinos políticos del secretario de Marina que él nombró y a quien le entregó los puertos por considerarlo incorruptible.

Las estimaciones del daño de ese huachicol fiscal arrancan en los 240 mil millones de pesos que calculó el Observatorio Ciudadano de Energía y llegan a los 600 mil millones del consultor Ramsés Pech. Tomen el piso del rango: es 118 veces el único robo que el expresidente reconoce. Tomen el techo: 297 veces.

Lo notable es que el libro sí habla de huachicol. Presume haber reducido 94.2% el robo de combustible y haber ahorrado 343 mil millones de pesos. Pero habla del huachicol de ducto, el de las tomas clandestinas en los campos de Guanajuato. Del otro, el que se cometía con papeles en las aduanas que custodiaban sus marinos, no hay una sola línea en las 150. No está negado. Simplemente no existe.

Hay otra frase más audaz: sostiene que se eliminó el espionaje a opositores.

Hace dos semanas, el Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley publicó Bajo ataque. Su conclusión forense: un centro secreto de inteligencia militar dependiente de la Sedena usó el software Pegasus y otras herramientas de vigilancia —Geomatrix, de la israelí Rayzone— contra periodistas, defensores de derechos humanos e incluso contra los propios órganos de control del gobierno. Sin autorización judicial. Sin ninguna ley que facultara a las Fuerzas Armadas para intervenir comunicaciones privadas.

Para esta casa no es noticia: Proceso lo documentó en 2022 con Ejército Espía. Entre los blancos de entonces había periodistas, abogados del Centro Prodh y Alejandro Encinas, que era su propio subsecretario de Derechos Humanos. Espiaron hasta al encargado de vigilar que no espiaran.

Y hay una tercera, construida con un verbo que lo delata. Dice que se garantizó la libertad de expresión hasta el insulto al presidente, que a ningún periodista se le censuró y que no se permitió el asesinato de ningún comunicador.

“No se permitió”. Como si concederlo o negarlo fuera una prerrogativa del Estado.

El mismo informe de Berkeley contó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024: 78 comunicadores y 259 defensores. Artículo 19, con otra metodología, había documentado entre 46 y 47 periodistas. Y el HRC apunta dónde empezaba el hostigamiento: en las conferencias mañaneras, donde se estigmatizaba a periodistas por su nombre y se les llamaba enemigos del Estado.

Quedan los dos capítulos donde las cifras son más crueles que cualquier adjetivo.

Sobre seguridad, el libro presume una reducción de 15% en homicidios y de 22.8% en feminicidios y aclara que recibió el país con 100.5 asesinatos diarios y lo entregó con 90.6. Puede ser aritméticamente defendible. También mide la pendiente para no mirar el volumen: según el INEGI, el sexenio acumuló 202 mil 336 asesinatos, 95 al día. Es el más violento del que se tenga registro: 66% más muertos que con Calderón, 28% más que con Peña Nieto. Y 2020, con 36 mil 773 víctimas, sigue siendo el año más sangriento en la historia del país. Bajar 15% desde el pico más alto jamás alcanzado no es pacificar: es descender un escalón de una escalera que uno terminó de subir.

Falta la cifra que el libro no menciona ni una vez. Proceso documentó, con datos del Secretariado Ejecutivo, 53 mil 566 víctimas de desaparición entre diciembre de 2018 y octubre de 2024. En 150 puntos no aparece la palabra desaparecidos. Ni una sola vez.

Y sobre salud, presume el IMSS-Bienestar creado para garantizar a toda la población atención médica, estudios, cirugías y medicamentos gratuitos, con 48 mil médicos contratados y 4 mil 644 centros de salud construidos o rehabilitados. El resultado también está medido: según el INEGI, la población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 44.5 millones en 2024. Se duplicó. En el campo, de 4.2 a 13.9 millones. Y no fue por falta de dinero: México Evalúa calculó que el gasto público en salud para la población más vulnerable promedió 325 mil millones de pesos anuales, su mayor nivel histórico. Más presupuesto que nunca y el doble de gente sin médico no es austeridad. Es desmantelamiento.

Lo que desconcierta de todo esto no es el engaño: es lo innecesario del engaño.

Un inventario sin una sola grieta no es un balance: es un monumento. Y éste lo construyó el homenajeado.

De su catecismo de tres mandamientos, los otros dos tendrán que resolverlos los tribunales, los expedientes y el tiempo. El primero ya tiene veredicto y tiene 150 puntos, portada de Planeta y precio de lista.

Pidió que lo leyeran. Lo leímos.

No son los otros datos. Son los datos.