JUEZA ARGENTINA ORDENA FRENAR PROYECTO PETROLERO EN LAS MALVINAS

Buenos Aires.- Una jueza federal de Argentina ordenó suspender las actividades relacionadas con el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado en aguas de las islas Malvinas, mientras las empresas responsables tramitan ante autoridades argentinas el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La resolución fue emitida este miércoles por Mariel Borruto, jueza federal de Tierra del Fuego, quien dio curso a una medida cautelar promovida por ambientalistas y excombatientes argentinos de la guerra de 1982 contra Gran Bretaña por el archipiélago del Atlántico Sur.

La orden alcanza a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, compañías británica e israelí, respectivamente. El fallo establece que ambas deberán abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar acciones materiales relacionadas con el proyecto Sea Lion.

De acuerdo con la resolución, la medida permanecerá vigente hasta que las petroleras realicen ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente. Borruto sostuvo que el riesgo ambiental planteado por los demandantes “no es hipotético ni remoto”.

Los promoventes de la demanda argumentaron que la explotación podría generar alteraciones en el lecho marino, contaminación química, ruido submarino, descargas operativas, tránsito marítimo, afectaciones a mamíferos y aves marinas, además de emisiones y posibles contingencias por derrames de hidrocarburos.

La jueza sostuvo que, aunque las empresas no tienen domicilio legal en Argentina, están sujetas a la legislación de ese país debido a que el proyecto se desarrolla sobre la plataforma continental argentina y en los espacios marítimos correspondientes a las Malvinas.

Sea Lion cuenta con el aval de las autoridades de las islas y contempla una inversión superior a los 2 mil millones de dólares. Las compañías prevén alcanzar una producción de 55 mil barriles diarios a partir de 2028.

La decisión judicial ocurre en medio de nuevas tensiones entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía del archipiélago. El gobierno del presidente Javier Milei anunció recientemente la instalación de una base naval en Tierra del Fuego y envió al Congreso un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas nacionales y extranjeras que desarrollen actividades en las islas.

Además, autoridades argentinas promovieron acciones penales contra petroleras y proveedores que, según sus sospechas, participan en tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

El proyecto también se encuentra en el centro de la disputa por la soberanía del territorio. Las autoridades de las islas respaldan su desarrollo y en un referendo realizado en 2013 los habitantes aprobaron mantener su condición de territorio británico de ultramar.

Argentina mantiene desde hace más de un siglo su reclamo de soberanía sobre las Malvinas. En 1982, la ocupación militar argentina del archipiélago desencadenó una guerra con Gran Bretaña que dejó 649 soldados argentinos y 255 británicos muertos, antes de la rendición argentina.

Desde entonces, Gran Bretaña ha rechazado los llamados de Naciones Unidas y otras organizaciones para retomar las negociaciones sobre la soberanía de las islas.