Washington— La reciente regulación propuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para limitar los reembolsos de ciertos créditos fiscales según el estatus migratorio, es la más reciente medida de la administración Trump para restringir el acceso de las personas no ciudadanas a los beneficios federales.
En su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha empleado un enfoque de todo el gobierno para cumplir con su agenda migratoria, que incluye no solo la promesa central de campaña de las deportaciones masivas, sino también recortar los pocos beneficios federales con los que contaban algunos inmigrantes.
Esas acciones incluyen sacar a trabajadores nacidos en el extranjero de la industria del transporte de carga, prohibir que las personas no ciudadanas accedan a vivienda subsidiada por el gobierno, incluso para familias que incluyen a ciudadanos estadounidenses, y presionar a los bancos para que restrinjan el acceso de los inmigrantes a abrir cuentas o pedir préstamos.
Presidentes anteriores por lo general limitaban el manejo de la inmigración a los departamentos de Seguridad Nacional, Estado o Justicia. Pero en el segundo periodo de Trump, varias agencias federales sin relación directa con el tema han emprendido iniciativas destinadas a poner en desventaja a los inmigrantes.
«Lo que ha sido singular en esta administración es que ha comenzado a incorporar a agencias que nunca antes habían estado involucradas en temas migratorios», dijo Colleen Putzel-Kavanaugh, analista del centro de estudios sobre inmigración Migration Policy Institute.
En el segundo periodo de Trump, el Departamento de Transporte, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), la Administración de Pequeños Negocios (SBA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) se encuentran entre las agencias que han buscado llevar a cabo la ofensiva migratoria del presidente.
Funcionarios de la administración han dicho que los beneficios de los programas federales deben reservarse para los ciudadanos estadounidenses.
Una orden ejecutiva que Trump firmó en febrero de 2025 para limitar que los inmigrantes reciban beneficios señaló que era necesario «evitar que los recursos de los contribuyentes actúen como un imán y alimenten la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, y garantizar, en la mayor medida permitida por la ley, que ningún beneficio financiado por los contribuyentes llegue a extranjeros no calificados».
En un comunicado del 26 de agosto a States Newsroom, la vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo que la «administración Trump está poniendo a los estadounidenses primero».
«Tal como se prometió, el presidente Trump aseguró la frontera, combatió la inmigración ilegal y puso a los estadounidenses primero», dijo Rogers.
Se acelera el ritmo.
Pero el ritmo al que la segunda administración Trump está impulsando acciones relacionadas con inmigración supera por mucho al primer periodo, de acuerdo con un análisis del Migration Policy Institute.
En su primer año, la administración tomó más de 500 acciones migratorias, incluidas órdenes ejecutivas y regulaciones, en comparación con 472 acciones a lo largo de los cuatro años completos del primer periodo, de acuerdo con el análisis del MPI.
Restricciones a la asistencia social
Los beneficios públicos federales por lo general se les niegan a los inmigrantes «no calificados», bajo una ley de reforma de asistencia social aprobada durante la administración Clinton, conocida como la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo (PRWORA).
La ley limita ciertos beneficios públicos para personas que no cumplen con un estatus migratorio específico o con requisitos de elegibilidad.
Con los años, el Congreso ha ampliado ciertas categorías de inmigrantes, y las agencias federales han interpretado qué programas quedan cubiertos bajo la PRWORA.
Pero Trump revirtió esa tendencia.
En febrero pasado, firmó una orden ejecutiva que instruía a las agencias federales a revisar cualquier programa que beneficiara a inmigrantes, y a revertir cualquier ampliación.
Tras la orden, los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Agricultura, Educación, Trabajo, el HUD y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) revocaron avisos que aclaraban la elegibilidad, o emitieron reinterpretaciones de la PRWORA.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos designó en julio de 2025 a 13 programas adicionales, incluido el programa Head Start de primera infancia, como sujetos a las calificaciones de la PRWORA.
El HUD restringió en octubre ciertos programas de vivienda y subvenciones, según el estatus migratorio.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ahora considera que ciertas licencias, subvenciones, pagos y programas de préstamos caen bajo los requisitos de la ley.
El Departamento del Trabajo actualizó una política que ahora obliga a las personas no ciudadanas con autorización temporal de trabajo a someterse a una reverificación cada tres meses, para poder participar en un programa que ayuda a acceder a empleo o educación.
Y el Departamento de Educación emitió un aviso que señala que ciertos programas de educación superior, como las becas Pell, los préstamos y los programas de fuerza laboral, caen bajo «beneficios públicos federales».
Una orden judicial preliminar actualmente impide que la nueva interpretación de la PRWORA por parte de la administración Trump entre en vigor.
La FCC, que se supone debe operar como una agencia federal independiente, pero que ha mostrado deferencia hacia Trump durante su segundo periodo, emitió en abril una regla propuesta que limitaría el programa Lifeline —el cual ofrece un descuento en servicios telefónicos para consumidores de bajos ingresos— a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con un estatus «calificado».
Ese grupo incluye a residentes permanentes legales, refugiados, personas a las que se les otorgó asilo, ciertos sobrevivientes de trata de personas y víctimas de abuso. Todos los demás inmigrantes, incluidos aquellos con alguna forma de estatus legal, se consideran «no calificados».
Medios de subsistencia en riesgo
Mientras la segunda administración Trump ha ampliado sus esfuerzos por limitar beneficios, también ha avanzado para restringir el acceso a la fuerza laboral, mediante un par de políticas.
La SBA prohibió en marzo que las personas no ciudadanas soliciten préstamos para pequeños negocios.
Y el Departamento de Transporte emitió una regla que limita los tipos de visa que pueden utilizarse para obtener una Licencia de Conducir Comercial para camioneros nacidos en el extranjero, mientras impulsa a veteranos a llenar ese vacío.
Ese enfoque fue novedoso, dijo David Bier, director de estudios migratorios en el centro de estudios libertario Cato Institute.
«Ciertamente hubo algunos beneficios que intentaron restringir más del lado de la asistencia social», dijo Bier sobre el primer periodo de Trump.
«Pero no se me ocurre ningún caso en el que hayan intentado usar su autoridad regulatoria para impedir que la gente pudiera desempeñarse en ciertas ocupaciones para las cuales, de otro modo, serían elegibles si estuvieran autorizados para trabajar».
Restricciones en la mega ley republicana
El enorme paquete de recortes fiscales y gasto que el Congreso, controlado por los republicanos, aprobó el año pasado también limita los programas de red de protección social para los inmigrantes.
La «gran y hermosa» ley restringió la elegibilidad de los inmigrantes para Medicaid, Medicare, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), la cobertura de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
La ley eliminó a varias categorías de personas no ciudadanas que anteriormente eran elegibles para el SNAP, como inmigrantes con estatus humanitario de larga data, como refugiados, personas con asilo otorgado, personas bajo permiso humanitario (parolees) y aquellos con estatus de deportación suspendida.
También implementó requisitos más estrictos de verificación de comprobante de ciudadanía o estatus migratorio para Medicaid y el CHIP, mientras desalienta a los estados de cubrir el seguro de los inmigrantes hasta que se verifique dicho estatus.
La ley también excluye a varios otros grupos de inmigrantes de los subsidios de la ACA.
Los inmigrantes con asilo o una solicitud pendiente, quienes se encuentran en el país por motivos humanitarios, quienes cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), o a quienes un juez de inmigración ha determinado que su país de origen es demasiado peligroso para regresar, no son elegibles bajo la ley.
El enfoque de la administración Trump en limitar los programas de red de protección social para las personas no ciudadanas ha producido un efecto disuasivo.
Se estima que uno de cada diez adultos inmigrantes dejó de participar en beneficios gubernamentales de alimentación, vivienda o atención médica, por temor a inscribirse en beneficios para los cuales sí calificaban, de acuerdo con un reporte del Migration Policy Institute.
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