De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), este caso no configuró un delito, debido a que el joven realizó los tocamientos sobre su propio cuerpo y no contra otra persona.
Por ello, la conducta fue considerada una falta administrativa y no existían elementos legales para iniciar una investigación penal por abuso u hostigamiento sexual.
La Fiscalía explicó que el escenario sería diferente si el comportamiento hubiera afectado directamente a otra persona, ya que entonces podría configurarse un delito de carácter sexual y sería necesaria la querella de la persona afectada para que la autoridad pudiera intervenir.
La dependencia estatal agregó que no cuenta con un registro específico de reincidencia en este tipo de casos cuando las conductas no constituyen un delito y únicamente son atendidas como faltas administrativas.
Para el doctor José Carlos Hernández Aguilar, especialista en Investigación Criminal y Delincuencia Organizada y presidente de la Federación Internacional de Criminología y Criminalística, el caso refleja una problemática que no está siendo atendida de manera suficiente por las autoridades.
El criminólogo señaló que las instituciones están limitadas por la legislación actual cuando hay conductas sexuales que generan alarma social, pero que no encuadran dentro de un delito.
“Hay que legislar. Hay que adecuar la modificación penal a estas nuevas realidades criminales”, sostuvo.
Hernández Aguilar señaló que no son hechos aislados y mencionó que cada vez son más visibles conductas sexuales en espacios públicos, como exhibicionismo y acciones relacionadas con observar a otras personas mediante rendijas o agujeros.
El principal riesgo, explicó, es la reincidencia y progresión de estas conductas.
De acuerdo con el especialista, algunas conductas sexuales pueden evolucionar cuando una persona busca experiencias cada vez más intensas para obtener nuevos estímulos.
“Las cuestiones delictivas de carácter sexual son progresivas”, afirmó.
Advirtió que cuando no existe una intervención adecuada y una persona continúa, puede buscar situaciones cada vez más fuertes.
“Estamos hablando de los nuevos o futuros depredadores sexuales”, señaló al referirse al riesgo de que algunas personas puedan convertirse en reincidentes, seriales o progresivos si no existe una atención preventiva.
Hernández Aguilar aclaró que esto no significa que toda persona que incurra en una conducta sexual pública se convertirá necesariamente en agresor sexual, sino que la repetición de ciertos comportamientos debe ser considerada un factor de riesgo.
El especialista consideró que el caso del joven liberado no debería cerrar la discusión, sino abrir un análisis sobre qué herramientas existen para prevenir que este tipo de acciones vuelvan a ocurrir.
“Ya no debemos hablar solamente de combate, sino de prevención”, planteó.
En este contexto, Hernández Aguilar hizo referencia a cifras nacionales que, según explicó, muestran un crecimiento importante de las conductas y delitos relacionados con la sexualidad.
Afirmó que, con base en información que atribuyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, las acciones de índole sexual y conductas hipersexualizadas de carácter público habrían aumentado hasta 230 por ciento en el país.
“Han establecido que este tipo de acciones hipersexualizadas de carácter público han aumentado en el país hasta un 230 por ciento”, declaró.
El criminólogo utilizó esta cifra para señalar que existe un crecimiento de estas conductas que, desde su perspectiva, no ha sido acompañado por una actualización suficiente de las leyes ni por políticas públicas de prevención.
También afirmó que durante 2025 iniciaron más de 73 mil carpetas de investigación relacionadas con delitos sexuales en México, cifra que atribuyó al SESNSP.
Según su análisis, únicamente alrededor del 0.1 por ciento de estos casos llega a una sentencia condenatoria y, aun cuando existe una resolución, esta puede ser impugnada mediante recursos legales.
Además, señaló que existe una alta cifra negra en este tipo de delitos, al mencionar que, con base en información del INEGI relacionada con la ENVIPE 2025, más del 94 por ciento de los delitos sexuales no los denuncian.
Para Hernández Aguilar, esta situación provoca que una gran parte de las agresiones y conductas sexuales queden fuera de los registros oficiales y dificulta la creación de estrategias de prevención.
El criminólogo también relacionó el fenómeno con la hipersexualización de la sociedad y señaló que internet, redes sociales y plataformas digitales tienen influencia en determinados comportamientos.
Mencionó la pornografía como un elemento que debe analizarse al estudiar algunas conductas de esta índole, aunque aclaró que esto no significa que todas las personas que consumen este tipo de contenidos desarrollen comportamientos delictivos.
Su preocupación se concentra en aquellos casos donde las conductas pueden volverse repetitivas o progresivas y posteriormente involucrar a terceras personas.
El especialista cuestionó la falta de atención que, a su consideración, han dado los distintos niveles de gobierno a la prevención de conductas de riesgo.
En su opinión, la legislación actual deja espacios donde determinadas acciones pueden generar alarma, pero no necesariamente pueden ser perseguidas penalmente.
El caso ocurrido en el transporte público evidencia esa situación: la Fiscalía General del Estado determinó que, al no existir una persona afectada directamente por el tocamiento, el hecho correspondía a una falta administrativa.
Para Hernández Aguilar, la discusión debe centrarse en qué hacer con aquellas conductas que todavía no constituyen un delito, pero que podrían repetirse y eventualmente escalar.
“La respuesta debe estar en legislar, prevenir y crear mecanismos de atención”, reiteró.
El especialista insistió en que esperar hasta que exista una víctima directa puede significar actuar demasiado tarde.
Hasta el momento, en 2026 hay al menos dos reportes públicos identificados de conductas sexuales dentro de transporte público en Chihuahua, ambos relacionados con exhibicionismo y presuntos actos de masturbación dentro de unidades urbanas.
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