La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) señaló a la dirigencia nacional de Morena y a su bancada en el Congreso del Estado de actuar como «abogados defensores del crimen organizado», luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera dos acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral de Chihuahua.
Las impugnaciones, radicadas en los expedientes 96/2026 y 97/2026, fueron promovidas por diputados locales del partido guinda y su dirigencia nacional en contra de la Ley Electoral del Estado, vigente desde el pasado 30 de junio de 2026.
Blindaje contra la delincuencia en el debate
El PAN detalló que el motivo central de las impugnaciones recae en los artículos 257, 260 y 268 de la norma estatal, los cuales sancionan la intervención de grupos delictivos en los procesos democráticos.
- Alcance de los artículos: La legislación vigente establece la pérdida automática de la candidatura o del registro del partido político (así como de candidaturas independientes) a quienes se les comprueben vínculos o financiamiento proveniente del crimen organizado.
- Defensa legal: La dirigencia panista anunció que respaldará la constitucionalidad de la norma ante el máximo tribunal del país, destacando que Chihuahua es la única entidad de las 32 del país que ha legislado para sancionar con la pérdida de registro cualquier nexo delictivo en comicios.


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