PIDEN RESPUESTAS SOBRE LA MUERTE DE REO CHIHUAHUENSE EN ARIZONA

Lo que para la familia Ortiz era una cuenta regresiva para recibir nuevamente a uno de los suyos se convirtió en una tragedia llena de incertidumbre, dolor e impotencia. Jaime Ortiz Olivas, un chihuahuense de 58 años que se encontraba recluido en la prisión Lewis, en Buckeye, Arizona, falleció en circunstancias que hasta el momento permanecen sin esclarecer.

Su esposa, sus cuatro hijos y el resto de la familia ya se preparaban para recibirlo en libertad después de que cumpliera cerca de diez años de prisión por un delito de robo. Incluso planeaban celebrar en grande su cumpleaños número 59 el próximo mes de diciembre, una fecha que ahora quedará marcada por el luto.

Jaime Ortiz Olivas falleció la mañana del domingo 26 de julio en la prisión estatal Lewis, ubicada en Buckeye, Arizona.

Sin embargo, su familia asegura que la notificación oficial no llegó sino hasta el día siguiente, situación que incrementó la angustia y las dudas sobre lo ocurrido durante las horas posteriores a su muerte.

“Nosotros ya estábamos esperando que saliera. Ya faltaban solamente unos meses para que recuperara su libertad. Su esposa, sus hijos y toda la familia estaban muy ilusionados”, relató Karyna Mendoza, una de sus primas radicada en El Paso, Texas, en entrevista. Sin embargo, el domingo ocurrió lo inesperado y desde entonces, asegura, la incertidumbre ha sido aún más dolorosa que la propia noticia.

Los familiares afirman que, pese a insistir durante varios días, ninguna autoridad les ha explicado cómo murió Jaime Ortiz Olivas. “Mi prima Brenda, hermana de mi primo, ha estado preguntando qué fue lo que pasó y nadie nos ha dado respuestas. Nos dicen solamente que hay una investigación, pero no nos explican absolutamente nada. Eso nos parece muy extraño y sentimos que están ocultando algo”, denunció.

La familia asegura que personas privadas de la libertad que permanecen en ese centro penitenciario les han hecho llegar versiones extraoficiales sobre un presunto maltrato al cuerpo después de su fallecimiento.

A la incertidumbre se suma la aparición de mensajes y presuntas grabaciones que, según la familia, comenzaron a difundirse desde el interior del centro penitenciario. De acuerdo con Brenda Ortiz, hermana del fallecido, en esas publicaciones algunos testigos afirmaban que el cuerpo de Jaime habría sido movido y dejado en un área exterior del complejo penitenciario antes de que concluyeran las diligencias correspondientes.

“Hemos hablado con familiares de internos que siguen ahí y nos comentan que hubo maltrato hacia el cuerpo de mi primo. Incluso nos dijeron que existe un video que presuntamente circuló entre algunos internos, grabado con teléfonos clandestinos, donde supuestamente se observa que arrastran el cuerpo entre las piedras y lo dejan durante mucho tiempo bajo el sol”, dijo Karyna.

La entrevistada aclaró que la familia no cuenta con ese video ni puede confirmar su autenticidad. “No tenemos pruebas y por eso no queremos acusar a nadie sin fundamento, pero sí queremos que las autoridades investiguen a fondo porque son demasiados los comentarios que han llegado”.

Al ser cuestionada sobre quiénes habrían participado en el supuesto maltrato, explicó que hasta ahora únicamente existen testimonios de otras personas. “No sabemos. La gente que nos ha hablado dice que fueron los guardias, pero nosotros no tenemos pruebas. Precisamente por eso queremos que investiguen y que nos digan la verdad”.

La indignación de la familia también creció al asegurar que ni siquiera han podido identificar plenamente el cuerpo. “Mi prima ha tratado de comunicarse con el director de la prisión y con los oficiales correccionales, pero nadie responde. Lo único que quieren es que vayamos por el cuerpo, pero ni siquiera nos permiten identificarlo o decirnos exactamente qué fue lo que ocurrió”. Hasta ahora, explicó, la familia no ha podido despedirse de Jaime.

Ortiz Olivas, originario de Chihuahua, emigró hace varias décadas a Estados Unidos. Vivió durante un tiempo en El Paso y posteriormente estableció su residencia en Phoenix, Arizona, donde trabajaba en la venta de automóviles usados antes de ser sentenciado.

Había permanecido cerca de diez años en prisión por un delito de robo y, según sus familiares, estaba a pocas semanas de recuperar su libertad. “Ya iba a salir entre octubre y noviembre. Ya estaba prácticamente cumpliendo toda su sentencia”. Su muerte terminó con los planes familiares de comenzar una nueva etapa.

Mientras intentan obtener información oficial, la familia continúa tocando puertas para exigir transparencia. “Lo único que queremos es justicia. Queremos saber qué pasó. Si tenemos que hacer más ruido lo vamos a hacer, porque cualquier familia merece saber cómo murió su ser querido”.

Hasta ahora, explicó, la familia continúa evaluando la posibilidad de buscar asesoría legal. “Mi prima me ha estado preguntando qué opciones tenemos, pero en este momento estamos tratando de hacer todo lo posible para conocer la verdad”.

Además de exigir que se esclarezca la muerte de Jaime, sus familiares afirman haber encontrado múltiples denuncias sobre las condiciones de la prisión Lewis.

“Investigando por nuestra cuenta encontramos muchas quejas de personas que estuvieron ahí. Dicen que no tienen aire acondicionado suficiente, que la comida es muy mala y todos sabemos las temperaturas extremas que se viven en Phoenix. Eso es inhumano. Nadie merece vivir en esas condiciones”.

La familia considera que el caso también debe abrir un debate sobre las condiciones en que viven miles de personas privadas de la libertad. “Queremos que la gente sepa cómo tratan a muchas personas dentro de esas prisiones”.

Además del dolor, la familia enfrenta ahora los gastos para trasladar y sepultar el cuerpo de Ortiz Olivas. Por ello habilitaron una campaña de recaudación de fondos mediante un código QR de Zelle para quienes deseen apoyarlos con los gastos funerarios.

“Todo pasó muy rápido. Nadie espera recibir una llamada así. Cualquier apoyo será de mucha ayuda para nuestra familia”.

Finalmente, hicieron un llamado a cualquier persona que pudiera haber presenciado lo ocurrido dentro de la prisión. “Si alguien vio algo o sabe qué pasó con Jaime, le pedimos que nos ayude. Nosotros solamente queremos conocer la verdad”.

Para la familia Ortiz, la pérdida no solo representa la muerte de un padre, esposo e hijo, sino también el fin de la esperanza de volver a abrazarlo después de casi una década de espera.

Hoy, en lugar de preparar la bienvenida que imaginaban para el otoño o celebrar sus 59 años en diciembre junto a sus cuatro hijos, su esposa y el resto de la familia, solo exigen una cosa: que las autoridades esclarezcan cómo y por qué murió Jaime Ortiz Olivas mientras permanecía bajo custodia del Estado.

A casi una semana de su muerte, el Departamento de Correcciones de Arizona no ha dado a conocer la causa del fallecimiento, debido a que el caso permanece bajo investigación. La falta de información oficial es precisamente uno de los principales reclamos de la familia.

La muerte de Ortiz Olivas ocurre en un contexto preocupante para el sistema penitenciario de Arizona. De acuerdo con cifras oficiales, más de 50 personas privadas de la libertad han fallecido en prisiones estatales en lo que va del año, un panorama que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión y los protocolos de atención dentro de esos centros penitenciarios.

Para la familia Ortiz, su caso no debe convertirse en una estadística más, sino en una investigación transparente que permita conocer la verdad y, en su caso, fincar responsabilidades.