Las familias rechazaron que hubiera «intenciones ajenas» por la llegada de familias de Jalisco a la Ciudad de México, después de que la Secretaría de Gobernación lo dijera en una conferencia matutina
Colectivos de buscadores acusaron al gobierno de México de estigmatizar y criminalizar las movilizaciones realizadas en las últimas semanas en el marco del Mundial de futbol y rechazaron que hubiera «intenciones ajenas» por la llegada de familias de Jalisco a la Ciudad de México.
A través de una misiva firmada por el colectivo Luz y Esperanza, Entre Cielo y Tierra, Corazones Robados y otras asociaciones civiles como Fundar, Datacívica y CEPAD, exigieron el cese de las acciones para disuadir las manifestaciones.
«Familias buscadoras provenientes de distintos estados del país ejercieron su legítimo derecho a la protesta pacífica aprovechando la visibilidad internacional del Mundial para denunciar una crisis que supera las 134 mil personas desaparecidas. La respuesta del Estado fue sistemática en su afán de impedir, contener y deslegitimar esa movilización«, acusaron.
De acuerdo con el texto, durante su primera movilización en el marco del mundial, integrantes del colectivo Flores en el Corazón realizaban una «cascarita antimundialista» en las inmediaciones del Estadio Nemesio Diez previo al partido amistoso de la selección. Sin embargo, elementos policiales cercaron a las familias para impedir su paso.
En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos fue encapsulado por 300 elementos antimotines mientras hacían actividades de difusión de fichas de búsqueda; fueron empujadas y despojadas de sus pertenencias, mientras que varias de ellas recibieron citaciones a la fiscalía el día de la inauguración del Mundial para impedir su participación.
Por su parte, también acusaron que el contingente de Ayotzinapa fue retenido en la caseta de Tlalpan bajo el argumento de «seguridad nacional» y que hubo procedimientos irregulares durante la revisión de un autobús e incluso que había un infiltrado.
«Estos hechos no son incidentes aislados, sino que constituyen un patrón coordinado de obstaculización del derecho a la manifestación en un momento de máxima visibilidad internacional para México», reprocharon.
Rechazan pronunciamientos del Ejecutivo
En el mismo documento rechazaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) anunciara la investigación sobre el supuesto origen de apoyos económicos de familias de Jalisco que fueron a la Ciudad de México para determinar si hubo «alguna intención ajena».
Por su parte, también reprocharon que la presidenta Claudia Sheinbaum minimizara la movilización y descartara que hubiera un descontento social.
«Insinuar, desde la más alta autoridad, que una movilización de familias buscadoras pudo ser orquestada con fines distintos a los que ellas mismas declaran, constituye un acto de estigmatización pública. Desviar el debate hacia el financiamiento de los autobuses, en lugar de reconocer la crisis de 134 mil desapariciones, es una estrategia que deslegitima la lucha», acusaron.
Por ello, exigieron al gobierno federal detener las declaraciones estigmatizantes, garantizar el derecho a la protesta y que ninguna familia buscadora sea obstaculizada.
Así como aclarar la cadena de custodia de los artefactos hallados en la retención del contingente de Ayotzinapa y garantizar la seguridad de los colectivos de Jalisco.
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