EXIGEN CARCEL PARA EXJEFE DE MIGRACION

La organización Fundación para la Justicia solicitó a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, de la Fiscalía General de la República (FGR), que solicite una audiencia para debatir la medida cautelar de Antonio M. D., ex director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), por el incendio ocurrido en Ciudad Juárez en la estancia del puente fronterizo Lerdo.

TOMADA DE ELDIARIO.MX

La FGR dio a conocer el pasado miércoles que M. D. fue detenido por los delitos de peculado y delincuencia organizada.

El abogado de la organización, Marco Zavala, recordó que el exfuncionario federal tenía tres años sustraído de la justicia ya que desde abril de 2023 llevaba un proceso en libertad por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, y fue vinculado a proceso bajo la causa penal 236/2023 por la muerte de 40 migrantes extranjeros y 27 más que resultaron lesionados durante el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023, pero aunque estaba obligado a presentarse a firmar periódicamente no lo hizo, lo cual justificaría su prisión preventiva.

Derivado de una investigación en contra de una red delictiva que habría desviado recursos públicos del Estado Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los agentes de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión en la Ciudad de México en contra de Antonio M. D. por su posible participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Zavala reclamó que mientras se mantenía sustraído de la acción de la justicia por el caso del incendio en la estancia del puente Lerdo, permanecía en la Ciudad de México, en donde finalmente fue detenido tras la investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“Lo que nosotros hicimos el día de ayer (miércoles), cuando tuvimos conocimiento de la noticia es que mandamos una comunicación a la FGR para que una vez que se resuelva su situación jurídica por la FEMDO, su homóloga, la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas le solicite a ese juez que ahora lo ponga a su disposición para que se fije una audiencia para el tema de su medida cautelar”, informó.

‘Su palabra ya no cuenta’

Dijo que “él nunca pisó la cárcel, él a diferencia de otros imputados siempre estaba enfrentando su proceso en libertad, entonces, ahora sí podría justificarse su prisión preventiva, independientemente del otro proceso por delincuencia organizada.

Aquí también se podría justificar, porque se sustrajo de la acción de la justicia. Su palabra, vamos a decirlo así, ya no cuenta, ya no puede pedir un brazalete o ir a firmar, porque él solito ya rompió con su presunción de inocencia al sustraerse de la acción de la justicia… se fugó a los 15 días, a lo mucho a un mes”.

De acuerdo con indagatorias de la FEMDO, el aprehendido, en su encargo como coordinador general de Centros Federales de Readaptación (Ceferesos), firmó contratos para la construcción de ocho prisiones federales, entre 2013 y 2018, período en que posiblemente habría participado en el desvío de recursos públicos.

‘La incongruencia’

Según la FGR, Genaro García Luna y otros 60 exfuncionarios y particulares habrían cometido el delito de fraude por 5 mil 112 millones de pesos destinados a las prisiones federales; sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue nombrado director general de Control y Verificación Migratoria del INM.

“La incongruencia, dicen que era excolaborador de Genaro García Luna y que ahora lo van a vincular por delincuencia organizada y malversación de dinero público, pero nunca lo inhabilitaron, ni antes ni ahora, ahí está la incongruencia tanto del anterior gobierno en turno como del de ahora; inclusive en este proceso no se le vinculó por 40 homicidios ni por 27 lesionados, es una causa espejo a la de Francisco Garduño, solamente a estas dos personas no se les vinculó por 40 homicidios y 27 personas gravemente lesionadas… nunca se les inhabilitó ni tampoco se les destituyó del cargo”, señaló el abogado.

En septiembre, próxima cita de Garduño

Zavala informó que el próximo 1 de septiembre el excomisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yáñez, deberá presentarse personalmente en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez para la audiencia de seguimiento del otorgamiento de la suspensión condicional, de la cual se derivó la disculpa pública a las víctimas.

“Vamos a hacer una revisión de todos los puntos, si ya se cumplieron las condiciones de protección civil, derechos humanos, los cursos, se va a revisar si ya cumplió con el tema de revisión médica.

Y si no se celebra la audiencia (porque no acude) se podría extender medio año más esta suspensión y en caso de que no cumpliera con estos requisitos se tendría que reabrir su proceso penal, como en el caso de Antonio M. D.”, informó.

Siguen víctimas de pie

Fundación para la Justicia representa jurídicamente y de manera gratuita a 10 sobrevivientes y nueve familias de personas fallecidas, originarias de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, quienes “siguen de pie intentando reconstruir su vida con los estragos de lo ocurrido, también con las ausencias de sus seres amados”.

El abogado también señaló que “cómo es posible que a tres años –del incendio– la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que calificó estos hechos de graves violaciones a los derechos humanos, pretendiera dar por concluida la Recomendación 111VG/2023 por estos hechos, si no hay una sola sanción, ni siquiera en contra de estos altos funcionarios del INM”, lo cual fue suspendido por un juez federal.

La resolución del juez significa que la CNDH deberá continuar con la verificación del cumplimiento de la recomendación y coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para garantizar atención médica, psicológica y tanatológica especializada a las víctimas del incendio.

Hasta ayer, habían sido vinculadas al caso 11 personas, de las cuales permanecen cuatro: los migrantes venezolanos Jeison Daniel “N” y Carlos Eduardo “N”; el guardia de seguridad Alan Omar “N” y la agente del INM Gloria Liliana “N”.

El excomisionado Garduño Yáñez; el contralmirante Salvador G. G., exdelegado estatal del INM; y los agentes del INM Daniel G., Rodolfo C. y Sergio M. C. continúan con su proceso en libertad, tras el cambio de medidas cautelares; mientras que un agente de seguridad privada se mantiene prófugo, y Antonio M. D., exdirector de Control y Verificación fue detenido por la FEMDO.