Tras el anuncio realizado por parte de la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, sobre la procedencia de un juicio político contra la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, abogados comparten sus análisis en donde mencionan que de ser así aún falta la intervención de la Cámara de Diputados así como del Senado, por lo que invitaron a que revisen detalladamente la Constitución Mexicana y las leyes que de ella emanan.
En el país, el juicio político está previsto en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Carta Magna establece que los gobernadores pueden ser sujetos a dicho procedimiento cuando incurran en actos u omisiones que perjudiquen los intereses fundamentales o el buen despacho de las funciones públicas.
En especifico, el artículo 110 señala que el juicio procede contra gobernadores por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, así como manejo indebido de recursos federales.
Para el abogado Héctor Villasana, hasta el momento el proceso que quieren llevar en contra de Campos Galván no puede ser posible, en sus propias palabras: “Hasta este punto es improcedente, en razón de que no hay una conducta que amerite o justifique el inicio del juicio, para ello tienen que acreditar un delito que hasta hoy no se ha dado”.
De la misma forma, dio a conocer que para que exista un juicio político también deben de contar con elementos jurídicos concretos y no únicamente declaraciones, asimismo, expresó que entre los requisitos están la presentación formal de denuncia, la integración de pruebas y el análisis por parte de diputados y senadores.
La acusación de “traición a la patria” tiene un tratamiento distinto, este delito está regulado en el artículo 123 del Código Penal Federal, donde establecen que incurre en el ilícito quien realice actos contra la independencia, soberanía o integridad a la nación mexicana. Hasta el momento no existe una acusación formal presentada ante tribunales federales en contra de la gobernadora de Chihuahua por este delito.
“Sabemos que políticamente esto nunca va a suceder, por la simple y sencilla razón de que llevarla siendo gobernadora a un juicio, pues lo único que estaríamos haciendo es victimizarla y con ello levantar banderas políticas, que la oposición puede utilizar, por eso yo creo que no va a pasar. Necesitamos esperar a que se termine la gestión”, dio a conocer el abogado Marcelo Valenzuela.
Aunque Morena ha manifestado su intención de impulsar el juicio político, el procedimiento requiere la mayoría legislativa y un proceso de revisión institucional. La Cámara de Diputados actúa como órgano acusador y el Senado funciona como jurado de sentencia.
Históricamente, en México los juicios políticos contra gobernadores han sido poco frecuentes y complejos de concretar, por falta de consensos legislativos o ausencia de pruebas suficientes; no existe una resolución judicial ni una declaratoria que establezca responsabilidades en contra de la gobernadora de Chihuahua.
“Hasta este punto es improcedente, en razón de que no hay una conducta que amerite o justifi que el inicio del juicio, para ello tienen que acreditar un delito que hasta hoy no se ha dado”
Héctor Villasana, abogado
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