Más de 400 concesiones del transporte público en Juárez vencerán el próximo año y concesionarios presionan al Gobierno del Estado para su ratificación por un período adicional de 10 años, con el argumento de que requieren ese documento como aval para financiar la compra de centenas de nuevas unidades que anunciaron hace unos días.
La petición surge en medio de que, de acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, cuatro de cada diez transportistas han incumplido con los compromisos de modernización asumidos tras el aumento a la tarifa autorizado en 2023, cuando el pasaje pasó de 8 a 12 pesos con la condición de renovar las flotillas.
Carlos Ortiz, representante de la gubernatura en Juárez, señaló que concesionarios se le han acercado para solicitar su intervención como aval ante financieras. Sin embargo, explicó que, en realidad, lo que buscan es que se les ratifiquen las concesiones antes de su vencimiento.
Cuestionó que se les otorgue una ampliación sin revisar el cumplimiento previo en materia de año modelo, condiciones mecánicas y requisitos administrativos. Además, subrayó que la decisión corresponde a la Subsecretaría de Transporte, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.Joaquín Gómez, gerente operativo de la ruta Juárez-Zaragoza, sostuvo que ya cuentan con gestiones avanzadas para adquirir camiones eléctricos, pero reconoció que la unidad presentada hace unas semanas, nueva y eléctrica, fue sólo un modelo de demostración.
Hasta la fecha, la unidad no es propia, sino es prestada por una financiera.Argumentó que las financieras exigen certeza jurídica sobre la vigencia de las concesiones para liberar los créditos, por lo que requieren la ratificación gubernamental para concretar la compra de las unidades.
De acuerdo con los propios transportistas, todas las concesiones de Juárez fueron otorgadas por un período de diez años y vencerán de manera simultánea en 2027.
Ortiz subrayó que el eventual vencimiento abre la posibilidad de una revisión integral del sistema y la autoridad deberá determinar si renueva de forma general, analiza caso por caso o incluso reasigna concesiones a nuevos operadores, particularmente en los casos donde no se haya cumplido con la modernización comprometida.



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