A través de una carta abierta dirigida a autoridades federales, personas afectadas por el conocido como “Caso Plenitud” rechazaron el resultado de la audiencia en la que el juez Héctor Josué de Luna León dictó auto de no vinculación a proceso a favor de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud.
El caso alarmó a la ciudadanía luego de qué el 26 de junio de 2025, una denuncia por olores fétidos derivó en una inspección en la que autoridades localizaron un mal manejo de cadáveres al encontrar 386 cuerpos apilados en vez de haber sido incinerados conforme al servicio contratado; mientras que las familias habían recibido las supuestas cenizas de sus seres queridos.
Luego de meses de lucha en el que los afectados demandaron la detención de todas las personas que pudieran estar vinculadas con los hechos y las omisiones, y donde lamentaron la muerte en prisión del único trabajador del crematorio. Este viernes se pronunciaron en contra por la liberación de A.C. al no haber sido vinculado a proceso gracias a un amparo.
En la carta, la comunidad afectada que se ha congregado bajo el colectivo Justicia Para Nuestros Deudos, comunicó un mensaje y exigencias a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, a la fiscal general de la República Ernestina Godoy, al secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, y a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.
“El hallazgo de cuerpos apilados, arrumbados como desechos, en condiciones indignas y entre ratas, constituye una afrenta a la memoria de nuestros seres queridos y a la dignidad humana. Esta imagen dolorosa no puede ser minimizada ni olvidada”, señaló el colectivo.
En el documento, los afectados denunciaron que el titular de la Fiscalía Zona Norte “ha demostrado incapacidad y falta de preparación jurídica para defender al pueblo mancillado”, así como una presunta “ausencia de licencias, protocolos y acciones legales firmes (que) han derivado en impunidad y revictimización”.
Al dirigirse a las autoridades federales, el colectivo Justicia Para Nuestros Deudos plantearon cuatro exigencias:
- Renuncia inmediata del Fiscal de Zona Norte, Carlos Manuel Salas, “por su evidente falta de capacidad para garantizar justicia”.
- Intervención directa de la Presidencia de la República, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública para reabrir y fortalecer el caso con bases jurídicas sólidas.
- Garantías de reparación integral para las familias afectadas, incluyendo verdad.
- Llamado ético para la supervisión nacional de los servicios funerarios y crematorios, con licencias verificadas y protocolos estrictos que impidan la repetición de los hechos.
“La comunidad no pide favores, exige justicia. La memoria de nuestros seres queridos no puede ser tratada como desecho. La responsabilidad del Estado es proteger la dignidad humana y garantizar que nunca más se repita una tragedia de esta magnitud”, reclamó el grupo de afectados.



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