A 15 AÑOS DE SU ASESINATO,,RECUERDAN A MARISELA ESCOBEDO

Sin justicia a 15 años de su asesinado en las puertas de Palacio de Gobierno de Chihuahua, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez recordó hoy a Marisela Escobedo Ortiz, con una ofrenda floral en su tumba y la exigencia de justicia para su familia y las mujeres chihuahuenses.

“Quince años después, su ausencia sigue siendo una presencia incómoda para el Estado mexicano y una herida abierta para esta sociedad”, denunció esta mañana Imelda Marrufo, directora de la organización que acudió al panteón Jardines Eternos, en donde recordó la desaparición y el feminicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo, a quien la justicia primero le fue negada y luego tardíamente otorgada.

La lucha incansable de Marisela por la aprehensión de Sergio Rafael Barraza, asesino de su hija; las amenazas que enfrentó; su asesinato frente a las puertas del Palacio de Gobierno; y el abandono institucional que rodeó todo el caso y de personas que acompañaron a Marisela, fueron recordadas hoy por un grupo de activistas y madres.

“Hoy, a quince años del feminicidio de Marisela Escobedo, venimos a decirlo con claridad y sin rodeos: el Estado mexicano no ha cumplido sustancialmente con las recomendaciones que deben evitarse para que el feminicidio contra las mujeres cese. En su momento el Estado sostuvo versiones contradictorias e inverosímiles sobre la autoría del feminicidio de Marisela. Primero se señaló a una persona; después, a otra, quien murió bajo custodia del propio Estado en circunstancias irregulares. Con su muerte, la investigación fue cerrada”, externó.

Relató que las versiones de las autoridades no fueron simples errores, sino que constituyen uno de los absurdos más graves y ofensivos construidos para dar por “resuelto” un crimen de alto impacto, sin verdad, sin rendición de cuentas y sin justicia.

Rubí Marisol tenía 17 años, vivía con su hija de seis meses, y con Sergio Rafael Barraza Bocanegra, de 24 años, quien era su pareja y en agosto de 2008 se convirtió en su asesino y luego –en 2010- en el autor intelectual del asesinato de Marisela.

El día 30 de agosto de 2008, él mismo se entregó a la Policía Municipal en Estación Delicias (Centro), donde se confesó culpable de la muerte de su pareja sentimental, pero después de un día y medio fue dejado en libertad por falta de pruebas.

Después de buscar a su hija desaparecida, el 18 de junio de 2009 las autoridades encontraron sus restos en un tiradero clandestino de restos de marranos, “ahí la quemó y la tiró y las partes que no fueron quemadas se las comieron los perros», dijo la madre tras el hallazgo.

Sergio Rafael fue detenido en Zacatecas y durante su audiencia, la cual duró una semana, todos los días Marisela caminó desde la entonces Subprocuraduría de Justicia del Estado hasta Ciudad Judicial, donde finalmente quedó absuelto, aunque le pidió perdón frente a los jueces.

«Yo sé que es un daño grande que al igual nadie lo va a poder reparar, verdad. Como ella lo ha manifestado, que no me perdona, de antemano te pido perdón Marisela porque yo sé que es un daño grande y es cierto como tú dices dónde estaba Dios, y yo no conocía a Dios en otro tiempo, y Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal», le dijo, dejando entrever que sí había asesinado a Rubí. Sin embargo fue dejado en libertad y después huyó de la ciudad.

Marrufo recordó hoy que Barraza Bocanegra murió en noviembre de 2012 durante un enfrentamiento con el Ejército mexicano, sin haber cumplido un solo día de condena firme por el feminicidio de Rubí. Y su muerte cerró de facto la posibilidad de conocer la verdad completa, de investigar redes de complicidad y de establecer responsabilidades institucionales más amplias.

Dijo que el resultado es claro: ni Rubí ni Marisela han tenido justicia.Ante la incapacidad del Estado para garantizar su protección, la familia Escobedo se vio obligada a abandonar el país. Quince años después, la familia sigue en el exilio, sin condiciones reales de retorno seguro. No hay reparación integral. No hay garantías de no repetición.

“La justicia, como lo denunció Marisela poco antes de ser asesinada, sigue siendo una justicia

robada. Por eso, en 2019, organizaciones de derechos humanos presentamos este caso ante el Sistema Interamericano, donde continúa en trámite”, sin avances desde 2021, informó.

Marrufo señaló que para que historias como la de Marisela no se repitan debe haber pleno cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero; sin embargo, 10 años después de su fallo, la Corte Interamericana reiteró que México no había cumplido con sus obligaciones de prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida.

“La Corte fue clara: persistían fallas estructurales, patrones de impunidad y contextos de riesgo que no habían sido transformados.

Desde entonces, otros órganos internacionales —el Comité CEDAW y la propia Corte Interamericana— han reiterado el mismo diagnóstico de deficiencias graves en la prevención, en la investigación con debida diligencia, en la sanción de responsables y en las garantías de no repetición”, informó.

En Chihuahua, la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en 2021 confirmó lo que hay avances tardíos, fragmentados y con brechas estructurales profundas. El propio diagnóstico oficial reconoce que el contexto de violencia feminicida no ha sido transformado de manera estructural, dijo.

“Hoy, aunque existen leyes que reconocen el derecho a la verdad, la información sobre el avance real de las investigaciones por feminicidio sigue siendo fragmentaria, incompleta o inaccesible. La opacidad persiste como una forma de violencia institucional y como un mecanismo que protege la impunidad.Permanece la exigencia para que la Fiscalía rindiera cuentas claras a la familia Escobedo”, denunció Marrufo a nombre de las organizaciones chihuahuenses que apoyan a las mujeres.

Dijo que 15 años después, esa explicación exhaustiva no ha ocurrido. Hubo acercamientos aislados, pero nunca una rendición de cuentas real, integral y documentada.

Marrufo subrayó que los feminicidios de Rubí Marisol Frayre y de Marisela Escobedo no son hechos aislados, y el caso fue considerado por las organizaciones y familiares como crímenes de Estado, cometidos en un contexto de tolerancia, omisión y negligencia institucional.

“Ese reconocimiento sigue pendiente.

Hoy, esa exigencia sigue viva en el proceso internacional en curso. Quince años después, el tiempo no ha debilitado su fallo. Lo ha confirmado. Las recomendaciones que aquí se formularon siguen vigentes porque las causas que las originaron siguen intactas.Recordar a Marisela no es un acto de memoria pasiva. Es un acto de exigencia jurídica, ética y política. Mientras no haya verdad plena, justicia efectiva y garantías reales de no repetición, Marisela Escobedo seguirá siendo una acusación viva contra el Estado mexicano”, agregaron las madres de víctimas de Feminicidio de Ciudad Juárez y organizaciones sociales.