El Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal en Juárez confirmó la decisión de Víctor Manlio Hernández Calderón, juez penal federal de control, en que se otorgó la suspensión condicional del proceso al comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, en la causa penal que se sigue en su contra por ejercicio ilícito del servicio público que presuntamente derivó en la muerte de 40 migrantes en 2023.
TOMADA DE ELDIARIO.MX
La decisión representa la continuación de la libertad de Garduño con una suspensión del proceso que puede significar inclusive la absolución por el delito, una vez pasado el tiempo de 18 meses determinado por el juez y cumplidas las condiciones que debe cumplir el funcionario federal.
En la apelación, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho se alegaba la contravención de suspensiones provisionales en amparos a favor de las víctimas; la falta de negociociación con las víctimas para la reparación del daño que permitió la suspensión condicional del proceso; una convalidación incorrecta de las pruebas presentadas por la defensa al juez de control Hernández Calderón para solicitar la suspensión; y la falta de inhabilitación del cargo público del comisionado.
De acuerdo con Marcos Zavala, de la Fundación, que representa a ocho víctimas de lesiones y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas del incendio del 27 de marzo de 2023 en el incendio de la estación migratoria en Juáre, la suspensión condicional del 24 de enero de 2025 no se ajustaba a los parámetros de lo establecido por la ley, pues contravenía amparos promovidos por ellos, por afectaciones a los derechos de las víctimas.
En otro de los agravios se argumentó que la misma Comisión de Víctimas negó un estudio sobre la reparación del daño a las víctimas para la causa penal, en vista de que “no estaban en la etapa procesal indicada” para ello, por lo que se cuestionó que avanzara dicha suspensión condicional.
Por otra parte, se argumentó que la indemnización que se dio a las víctimas como parte también de las condiciones para la suspensión del comisionado en la causa penal correspondía en realidad al pago por la violación grave de derechos humanos detectada por la Comisión Nacional en la materia en el mismo año del hecho, 2023.
Sin embargo, el pago de la reparación debe ser por parte del mismo Garduño en una causa penal, y el Estado mexicano solo le puede aportar una parte en caso de que exista una sentencia firme por delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo con disposiciones del Código Penal Federal, se argumentó el 2 de abril.
Hasta el momento la resolución completa no ha sido dada a conocer, sino únicamente la porción en que se confirma de la resolución que se buscaba rechazar para continuar con el proceso como en otras causas penales con funcionarios acusados de los mismos hechos, aunque con cargos como homicidio, lesiones y daños.
La decisión fue informada 10 días después de la audiencia de aclaración de alegatos, de madrugada, este sábado, cuando debió haberlo hecho, de acuerdo con organizaciones civiles en defensa de las víctimas, el pasado lunes 5 de abril.
Blanca Navarrete, de Derechos Humanos Integrales en Acción, organización civil que asesora también a las víctimas, lamentó que “debiendo notificar su resolución desde el pasado lunes, lo hacen apenas unas cuantas horas atrás. La decisión de los magistrados confirma la justicia selectiva que ha imperado en este caso. Continuaremos haciendo uso de los recursos a nuestro alcance”.
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