El exdelegado de Bienestar en Chihuahua dijo, con base en el informe más reciente de la ASF, que se detectaron irregularidades por más de 422 millones de pesos, destacando casos graves como pagos por obras no ejecutadas, compras fraudulentas de armamento, software y patrullas, así como adjudicaciones directas sin sustento legal.
“Se documentó la falta de evidencia en programas sociales, simulación de entregas y sobreprecios en insumos básicos, todo ello sin sanciones claras para los responsables”, denunció Loera en la máxima tribuna.
Juan Carlos Loera resaltó que este patrón sistemático de opacidad refleja una alarmante falta de transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, defendió la creación de una plataforma digital de contrataciones públicas como una herramienta esencial para combatir la corrupción en los gobiernos locales.
“El objetivo es claro: terminar con la discrecionalidad y garantizar que cada peso público se ejerza con responsabilidad y de cara a la ciudadanía”, concluyó en el marco del debate de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


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