La jueza Michelle Gloria Estela Rodarte López absolvió este miércoles a Naomi Yamilé R. P. de los delitos de violación agravada y maltrato infantil, por los que enfrentó su noveno juicio oral relacionado con la guardería Techo Comunitario, al considerar que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
La juzgadora señaló que los dictámenes médicos y psicológicos contenían hallazgos compatibles con una agresión sexual y afectaciones en la menor, pero no permitieron establecer que Naomi fuera quien cometió los hechos denunciados entre el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2023.
“Esta juzgadora le cree”, dijo al dirigirse a la madre de la víctima. Explicó que la insuficiencia de pruebas para condenar a la acusada no significa que la niña no haya sufrido una agresión, sino que no se demostró quién fue responsable más allá de toda duda razonable.
La jueza cuestionó omisiones en la investigación, como la falta de registros para determinar quién atendía a la menor en la sala Maternal B1 y dónde estaba asignada Naomi durante el periodo investigado. También señaló que no se expuso una investigación sobre las otras 17 asistentes educativas que trabajaban en la estancia.
Sobre las cámaras de vigilancia, indicó que había seis puntos ciegos y que la falta de imágenes no descartaba que los hechos ocurrieran, pero tampoco acreditaba la autoría de Naomi.
La víctima no recordó los hechos al declarar en privado mediante sala especial Sapcov, acompañada por una psicóloga. La jueza dio a conocer que, de acuerdo con la psicóloga, esta situación se trataba de amnesia de la primera infancia y reprochó a la Fiscalía no haber procurado oportunamente una prueba anticipada para obtener su testimonio.
La absolución corresponde únicamente a la causa penal 222/2026. La jueza ordenó levantar la prisión preventiva impuesta en ese proceso, pero la resolución no modifica las condenas dictadas contra Naomi en otros juicios.
Detenida en julio de 2023, la acusada acumulaba hasta mayo de este año siete sentencias condenatorias en ocho juicios concluidos, con penas que suman 132 años y cuatro meses de prisión, de acuerdo con antecedentes publicados.
Al finalizar la audiencia, la jueza ordenó que continuara la atención integral a la víctima. La juzgadora en todo momento explicó la sentencia a la madre de la víctima e hizo que estuviera acompañada por una psicóloga durante la sesión.
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