Quito. – Este jueves, militares estadunidenses comenzaron a operar de manera directa en las rutas del narcotráfico del norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, en el marco del acuerdo Escudo de las Américas. La acción, coordinada con el gobierno de Daniel Noboa, marca un nuevo nivel de intervención de Washington en la lucha contra el crimen organizado en el país andino.
El gobernador de Esmeraldas, Juan Jaramillo, confirmó la presencia del Séptimo Grupo del Ejército de Estados Unidos en la zona, aunque no precisó cuántos efectivos se encuentran desplegados ni desde cuándo. «Estamos con el Séptimo Grupo del Ejército de Estados Unidos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo», declaró.
La operación se da en un contexto de violencia extrema: según el Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2026 se registraron 4 mil 882 asesinatos, la segunda cifra más alta en la historia del país. La provincia de Esmeraldas es la tercera más golpeada por homicidios, secuestros y extorsiones, solo detrás de Guayas y Pichincha.
El martes arribó a Ecuador el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, para coordinar estrategias con el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado. Este jueves llegaron dos barcos de guerra y tres helicópteros Black Hawk estadunidenses, que se sumarán al control de puertos y ciudades costeras como Manta.
«Vamos a aumentar por tres veces nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima», aseguró Loffredo en un video difundido en redes sociales. El gobierno de Noboa emitió un decreto que permite a militares y contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos permanecer en territorio ecuatoriano hasta 180 días sin visa y con inmunidad migratoria.
Mientras tanto, crece la tensión social. Tras el rechazo del Consejo Nacional Electoral a la revocatoria del mandato de Noboa, familiares de presos protestaron frente a la cárcel de El Encuentro por falta de alimentos y medicamentos. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) instaló convenciones para planificar movilizaciones contra las reformas económicas.
En la Amazonia, indígenas waorani exigieron el cierre definitivo del bloque petrolero 43-ITT, recordando que han pasado tres años desde el referendo que ordenó detener su explotación. Además, organizaciones campesinas e indígenas se declararon en alerta por la prisión preventiva contra el dirigente Guido Perugachi, acusado de disturbios en el paro nacional de septiembre pasado.
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