En un mensaje emitido por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, denunció que las advertencias realizadas semanas atrás sobre los riesgos de proteger a gobernantes señalados por la justicia estadounidense se han materializado en una crisis de confianza económica y el debilitamiento del Estado de Derecho en México.
La mandataria estatal señaló que Estados Unidos ha tomado la determinación de no renovar el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), sometiendo a México a un esquema de revisión anual que, según sus palabras, condena al país a una «incertidumbre permanente para quien invierte».
«Nadie invierte donde las reglas pueden cambiar cada doce meses», sentenció Campos, destacando que esta nueva realidad ya ha comenzado a pasar factura al sector industrial.
Como ejemplo tangible de esta fuga de capitales, la gobernadora citó el reciente anuncio de la automotriz Toyota, la cual trasladará su producción de Tijuana hacia Texas; Campos advirtió que este movimiento pone en riesgo el sustento de miles de familias mexicanas, particularmente en entidades como Chihuahua, cuya economía depende estrechamente de la manufactura y las exportaciones, al respecto, criticó las voces que intentan restarle importancia al suceso: «La pérdida de confianza también es gradual: primero una línea de producción, luego una planta, luego un país».
El núcleo del mensaje de la gobernadora se centró en la gestión de la justicia por parte del Gobierno Federal, señalando directamente que en México el Estado de Derecho se negocia; Campos fustigó la falta de avances en las investigaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras las recientes declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que afirmó no contar con parámetros probatorios suficientes para proceder.
«Dicen que está localizable, pero localizable no es lo mismo que responsable», arremetió la mandataria, subrayando que mientras las autoridades federales exoneran a sus aliados, la población sinaloense sufre las consecuencias de los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades locales.
Según Campos, la decisión de la administración actual es clara: «Han decidido proteger a Rocha Moya por encima de la seguridad de los mexicanos, ese es el pacto real de Morena con el crimen organizado».
La gobernadora hizo un llamado urgente al Ejecutivo Federal para que recapacite y obligue a los señalados a rendir cuentas ante la justicia; afirmó que la prioridad del gobierno debe ser el bienestar de todos los ciudadanos y no la protección de los intereses de su partido.
«México pierde competitividad, pierde estado de derecho, pierde inversión, pierde confianza», lamentó, instando a los chihuahuenses y al resto de los mexicanos a no permitir que el tema sea opacado por «discursos de patriotismo simulado» o cortinas de humo mediáticas.
Campos concluyó su mensaje con tres interrogantes dirigidas al régimen de Morena: «¿Dónde está Rocha Moya? ¿Por qué protegen a los señalados? ¿Cuánto más va a costarle a México esta complicidad?», recordando finalmente que «la patria es primero, no su partido».
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