La intrusión anunciada por Donald Trump es ya una realidad y para la presidenta Claudia Sheinbaum es una más de las complicaciones que tiene que enfrentar en estos tiempos de confrontaciones políticas.
En su edición 1776 de noviembre de 2010 la revista Proceso reveló un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con el gobierno de Estados Unidos para instalar una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), que en palabras llanas era un centro de inteligencia estadunidense instalado en la avenida más conocida de la Ciudad de México: Reforma.
Desde agosto de ese año esa oficina comenzó a funcionar a pesar de la resistencia de las Fuerzas Armadas. En la parte más alta de ese moderno edificio ubicado al lado de lo que fue el Cine Latino estaba dicha oficina, desde la cual operaban agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro.
De acuerdo con el reportaje publicado y que fue portada, la OBI abrió dos oficinas “satélites”: una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadunidenses comandan “fuerzas de tarea” contra el narcotráfico, con el apoyo de personal mexicano.
“Fue el ascenso del narcotráfico en el país el que abrió la puerta a todas las agencias de inteligencia estadunidenses, predominantemente militares, para que operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos” se consignó desde entonces en el reportaje que hoy, 16 años después, sigue vigente.
Desde entonces y hasta ahora estas agencias han operado en territorio nacional bajo la égida gubernamental. Operaciones que hoy vemos con mayor nitidez en acciones contra los cárteles mexicanos declarados grupos terroristas por el gobierno de Donald Trump.
Una de estas acciones recientes ocurrió en Chihuahua el pasado 19 de abril con la muerte de dos agentes de la CIA tras un operativo de desmantelamiento de un laboratorio de producción de drogas en la Sierra Tarahumara y que ahora es investigado por la Fiscalía General de la República.
Otra más habría ocurrido el 28 de marzo. Según la empresa de noticias norteamericana CNN, la CIA ha intensificado su guerra secreta contra los cárteles realizando operaciones letales dentro de México. Dicha agencia estaría detrás de la planeación del ataque en Tecámac, Estado de México, con coche bomba en el que murió Francisco Beltrán el Payín, mando medio del Cártel de Sinaloa.
Aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó dicha información, lo mismo que la CIA, el diario New York Times informó que la Agencia sólo participó con inteligencia en el operativo.

Estos casos ejemplifican claramente que el gobierno estadunidense ya está actuando en territorio nacional en el combate al narcotráfico y que se esperan más acciones.
El pasado martes 14 hubo diversas expresiones del gobierno norteamericano que preludian mayores acciones no sólo contra narcotraficantes, sino también contra políticos coludidos.
El secretario de Guerra de Trump, Pete Hegseth, al comparecer ante el Congreso, pidió a las fuerzas armadas de México abocarse con mayor atención contra los narcos para que no lo tenga que hacer Estados Unidos.
En tanto que Terry Cole jefe de la DEA, declaró que narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno de México han estado coludidos desde hace años y aseguró que el proceso judicial contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es sólo el comienzo de lo que está por venir en México.
En tanto que en su portal digital Proceso reveló que el gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra vigilado dentro del Palacio de Gobierno estatal en Culiacán bajo un esquema de vigilancia aérea permanente de Estados Unidos con el uso de un helicóptero táctico y al menos seis drones de gran tamaño.
La intrusión anunciada por Donald Trump es ya una realidad y para la presidenta Claudia Sheinbaum es una más de las complicaciones que tiene que enfrentar en estos tiempos de confrontaciones políticas.



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