La administración Trump ejerce mayor presión judicial, situación que no es nueva y ya tiene a políticos presos, como el exgobernador de QR, Mario Villanueva
Bajo el segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha endurecido su presión diplomática hacia México en materia de narcotráfico, al presentarlo como una amenaza directa a su seguridad nacional.
Aunque el tono se ha intensificado, la capacidad de la justicia estadunidense para procesar a políticos mexicanos no es nueva: leyes como RICO y otros estatutos federales permiten juzgar delitos cometidos fuera de su territorio si sus efectos llegan a EU, ya sea por tráfico de drogas o lavado de dinero.
Nueva York se ha consolidado como una plaza clave para estos casos por su peso financiero y por precedentes contra grandes capos, como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En ese marco, la acusación contra Rubén Rocha Moya y la crisis por agentes de la CIA en Chihuahua reavivan un historial de tensiones alrededor de este problema transfronterizo.
A finales de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve políticos y exfuncionarios sinaloenses por presuntos nexos con “Los Chapitos”, ligados al Cártel de Sinaloa.
La acusación incluiría conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas, por los que podrían enfrentar una pena mínima de 40 años o cadena perpetua. Tras pedir licencia, Rocha rechazó categóricamente las imputaciones.
El caso de Mario Villanueva Madrid, extraditado y condenado en EU
Otro antecedente emblemático es el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo y primer exmandatario estatal extraditado y condenado en Estados Unidos, en 2010, por lavado de dinero ligado al narcotráfico.
Su proceso marcó un precedente sobre cómo imputar a un gobernante extranjero por facilitar rutas y protección institucional a operaciones ilícitas transnacionales.
García Luna, el exfuncionario más importante que ha condenado EU
Hasta ahora, el exfuncionario mexicano de mayor rango condenado en Estados Unidos por nexos con cárteles es Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal bajo el mandato de Felipe Calderón.
Vinculado con el Cártel de Sinaloa, en 2023 fue declarado culpable en Brooklyn por tráfico de cocaína, empresa criminal continua y sobornos. Actualmente cumple una sentencia de más de 30 años.
Los casos de políticos mexicanos que han sido señalados, pero no condenados
No todas las acusaciones han terminado en condenas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, , es acusado por la FGR de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación, además de señalamientos por presuntos vínculos con redes criminales y huachicol fiscal. Desde 2022 reside en Estados Unidos, pese a una solicitud de extradición mexicana aún sin respuesta.
Otro caso que mostró los límites políticos de la cooperación bilateral fue el del general Salvador Cienfuegos. El exsecretario de Defensa fue detenido en Los Ángeles en 2020 e imputado en Brooklyn por narcotráfico y lavado de dinero.
Sin embargo, tras presiones del gobierno mexicano, Washington retiró los cargos y lo repatrió a México, donde fue exonerado.
Con Tomás Yarrington, Tamaulipas volvió a quedar implicado en un caso de extradición de un exgobernador a Estados Unidos. Según testimonios judiciales, habría recibido sobornos del Cártel del Golfo a cambio de facilitar operaciones de narcotráfico. En 2025 fue deportado a México e ingresado al penal del Altiplano.
A este historial se suman otros casos con distintos desenlaces: Edgar Veytía, exfiscal de Nayarit, condenado en EU por proteger al Cártel H-2; Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila, por lavado de dinero; y los casos inconclusos de Fausto Vallejo, en Michoacán, y Aristóteles Sandoval, en Jalisco, el segundo tras su asesinato en 2020, pese a señalamientos sobre vínculos de sus entornos con Los Caballeros Templarios y el CJNG.
En conjunto, estos casos muestran un patrón en el que gobernadores, fiscales, militares y secretarios federales han sido acusados de operar en la frontera entre Estado y crimen organizado. La diferencia actual es que Washington parece dispuesto a convertir esa acusación en una ofensiva judicial y diplomática más amplia.
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